La reciente intervención de FIFA y CONMEBOL en el proceso de separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile ha vuelto a poner en el centro del debate la continuidad de Pablo Milad y las próximas elecciones del fútbol chileno.
Sin embargo, creo que estamos concentrando demasiada atención en quién ejercerá la presidencia durante los próximos meses y muy poca en una pregunta bastante más importante: ¿quién debe definir el futuro del fútbol chileno?
Desde mi experiencia como dirigente de clubes profesionales, estoy convencido de que el principal problema no es solamente quién dirige nuestras instituciones, sino el modelo bajo el cual se toman las decisiones. Durante años hemos permitido que los clubes profesionales concentren una influencia determinante sobre las políticas que deberían orientar el desarrollo de todo el fútbol nacional. Aquí existe una contradicción fundamental: los intereses de los clubes no necesariamente coinciden con los intereses superiores del fútbol de un país.
Un club necesita generar ingresos, financiar su plantel, cumplir sus obligaciones y alcanzar resultados deportivos. Son objetivos legítimos e indispensables para su supervivencia. Pero una federación tiene responsabilidades diferentes: desarrollar el fútbol en todo el territorio, fortalecer las divisiones formativas, impulsar el fútbol femenino y amateur, profesionalizar entrenadores y árbitros, proteger la integridad de las competiciones y construir selecciones nacionales competitivas.
Cuando quienes deben ser regulados tienen también el poder de definir las reglas que los regulan, existe un conflicto de intereses que termina condicionando las decisiones estratégicas. Chile terminó último en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 y quedó fuera de su tercera Copa del Mundo consecutiva. Este fracaso no puede explicarse exclusivamente por el sistema dirigencial, pero tampoco podemos ignorar la responsabilidad de una estructura que no ha logrado sostener un proyecto deportivo de largo plazo.
La separación entre la ANFP y la Federación debe ser real, profunda y estructural. No puede convertirse simplemente en la creación de dos directorios que continúen respondiendo a los mismos intereses. El modelo que defiendo es claro: la Federación de Fútbol de Chile debe ser el verdadero organismo rector, responsable de establecer las políticas nacionales de desarrollo y los objetivos deportivos que orienten todas las competiciones.
Los clubes profesionales, por su parte, deben organizarse autónomamente en una liga, administrar sus campeonatos, negociar sus derechos comerciales, gestionar sus recursos y establecer sus mecanismos internos de funcionamiento. Pero esa liga debe actuar bajo el reconocimiento y la autorización de la Federación, respetando sus políticas deportivas y las normas generales que regulan el fútbol. Este principio es coherente con el artículo 20 de los Estatutos de FIFA, que establece la subordinación institucional de las ligas y agrupaciones de clubes a sus respectivas federaciones miembro.
Los clubes deben tener autonomía para administrar sus intereses, pero no para imponerlos por encima de los objetivos nacionales del fútbol.
Quienes hemos administrado clubes de regiones conocemos de cerca las dificultades del fútbol profesional: presupuestos limitados, costos de desplazamiento, problemas de infraestructura, dificultades para financiar divisiones menores y una permanente incertidumbre económica.
Por eso considero especialmente importante que esta reforma no se discuta exclusivamente desde la realidad de los clubes más poderosos.
¿Qué ocurre con la formación de jugadores en regiones? ¿Qué oportunidades tienen los futbolistas jóvenes? ¿Qué incentivos existen para que los clubes inviertan en sus divisiones menores? ¿Cómo aseguramos competiciones económicamente sostenibles y un sistema
ascensos y descensos sustentado en criterios deportivos claros?
Estas preguntas deberían formar parte de una política nacional de desarrollo. Una Federación fuerte debe establecer objetivos e incentivos para que laPrimera División, la Primera B y la Segunda División contribuyan al crecimiento del fútbol chileno. La liga debe tener autonomía para organizar las competiciones, pero sus bases y reglamentos deben ser coherentes con esos objetivos. No podemos continuar pensando cada campeonato únicamente en función de las necesidades inmediatas de los clubes que participan en él.
Los recientes anuncios de alianzas electorales entre clubes vuelven a demostrar cómo se articulan los intereses particulares dentro del fútbol profesional. Estas alianzas son legítimas, pero una Federación no puede depender exclusivamente de acuerdos electorales entre instituciones cuyos objetivos principales son competir y proteger su propia sostenibilidad.
La proyectada participación del fútbol amateur, de los futbolistas, entrenadores, árbitros y representantes del fútbol femenino en el nuevo gobierno federativo constituye una oportunidad para ampliar la representación. Pero tampoco basta con incorporar nuevos votos. Es imprescindible establecer una política nacional de desarrollo con metas, plazos, presupuestos y mecanismos evaluación.
La reforma debe alcanzar también la administración económica, la independencia arbitral y la distribución responsabilidades entre la Federación y la liga. De lo contrario podríamos cambiar estatutos sin modificar problemas estructurales.
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Fuente: Primerabchile.cl Primera B
